Por: Claudia Posada
Después del análisis extenso que
presentamos hace una semana en El Reverbero de Juan Paz, vienen las opiniones
que aquí exteriorizamos, inherentes a las eventualidades en Hidroeléctrica
Ituango.
Son inferencias apoyadas en
confrontaciones que han estado exponiéndose a la opinión pública por parte de
distintas fuentes desde el sábado 12 de mayo de este año, al igual que se
desprenden del acercamiento al trabajo de investigación que sirvió como
referente para la publicación del 20 de mayo reciente.
Con respecto a lo reiterado a través de distintos
medios informativos, en los cuales algunos personajes de la vida pública señalan culpables por el estado de emergencia
que vive hoy la Hidroeléctrica en su fase final de construcción -para posterior llenado- recordemos que la obra está a pocos meses de llegar
a la fecha establecida por la CREG, la que como Comisión
de Regulación de Energía y Gas, les puso plazo para arrancar a producir energía;
este se estableció cuando en 2008, la Sociedad participó en la subasta
de energía programada por el ente regulador,
donde este proyecto resultó adjudicatario por 20 años, a partir de diciembre de
2018.
En esa fecha se centra una de las
críticas. Se dice que el afán de cumplir con el plazo establecido por la CREG
para empezar a producir energía, hizo que se tomaran decisiones apresuradas y
erróneas. Esto lo aseguran ingenieros y no ingenieros quienes, desde afuera,
pueden ver las cosas de otra manera, pero igualmente como es posible que tengan
razón, en su momento tal vez se confirme pues no suena del todo absurdo.
Por otra parte, a ciertas personalidades
de la actividad pública, que dicen fundamentarse en información muy seria y
documentada, aunque señalan lo mismo que aseguran conocedores del asunto, apenas
sí se les cree hasta cierto punto o definitivamente muy poco; son políticos que
siempre cargarán con el “San Benito” de lo que llamamos “declaraciones
amañadas”, todo porque no es extraño que digan lo que les conviene, en el
momento que les es favorable.
En cambio, cuando se divulgan opiniones
o conceptos, por parte de la concejal de Medellín, María Paulina Aguinaga
Lezcano, quien en tan poco tiempo de su vida pública ya es reconocida y respetada
por la seriedad de sus análisis, advertencias y posiciones, la credibilidad es
total. Sus revelaciones con respecto a irregularidades en contrataciones de EPM
en el caso de HidroItuango y otras, se están dando a conocer desde el año
pasado, 2017, al igual que las ha advertido por escrito a la Administración Municipal.
Ese manejo dudoso de las contrataciones
de gran alcance y cuantía, ha sido el otro punto señalado por estos días, como un
reprochable comportamiento de EPM en algunas administraciones y gerencias.
Una investigación adelantada por
el periódico El Espectador, publicada con fecha 19 de mayo de 2018,
“Responsabilidades y dudas que deja la crisis de Hidroituango”, señala en uno de
sus párrafos: “En 2011 se firmó un contrato tipo BOOMT entre la nueva sociedad
y EPM. Consistía en que EPM se encargaba de construir y operar durante un
período la hidroeléctrica hasta que entrara en funcionamiento. EPM buscó ese
mismo año a los contratistas y lanzó un concurso licitatorio en el que 21
empresas mostraron interés, pero sólo participaron siete”.
Y un
poco más adelante dicen: “El contrato de obra lo terminó ganando en 2012 el
consorcio CCC Ituango, conformado en un 55 % por una de las grandes
constructoras brasileñas, Camargo Correa, y por dos firmas antioqueñas
tradicionales: Conconcreto con el 35 % y Coninsa con el 15 %”.
En
cuanto aquello de contrato tipo Boomt, quisimos averiguar detalles más precisos
y nos encontramos una publicación de El Colombiano, de marzo de 2011, titulada: “EN COLOMBIA - Quedó firmado contrato Boomt para que Empresas Públicas de
Medellín construya HidroItuango”. En algunos de los párrafos se lee:
“Quedó finalmente firmado el contrato Boomt, mediante el
cual EPM Ituango S.A. E.S.P, se obliga con Hidroeléctrica Ituango a efectuar
las inversiones necesarias para la financiación, construcción, operación, mantenimiento
y entrada en operación comercial de la Central Hidroeléctrica Pescadero Ituango”. Aquí se ratifica
el enunciado de la reciente investigación de El Espectador, además se evidencia
que ese tipo de contratos contemplan particularmente la variable financiera, la
misma que domina con lujo de competencia la concejal que nos hacía falta en
Medellín.
“La construcción demorará ocho años y la operación 42 años. El proyecto
deberá transferirse de nuevo a sus dueños en 50 años”. A fin de cuentas, entonces
¿quiénes son los dueños? Y en otro párrafo de la misma información del año 2011 dice: “Es de
anotar que Hidroituango es el primer proyecto de generación hidráulica que se
concesiona en Colombia”.
Para la financiera y concejal
Aguinaga Lezcano, en la historia de los últimos años de ejecutorias de EPM, se
han modificado requisitos para las contrataciones, por ejemplo, Experiencia, lo
que para ella es fundamental en este tipo de obras; ha habido adiciones que la
concejal explica al igual que las irregularidades, y, entre otros, menciona un
Plan de Aceleración acordado en diciembre de 2015.
De igual forma, para la corporada
Paulina Aguinaga, se han dado bonificaciones que ella precisa con cifras, e irregularidades
en aspectos contractuales y ambientales; por lo que se deduce que este
componente, cuando no se respetan los principios del desarrollo sostenible, puede
haber influido en el empeoramiento de las causas que precipitaron la
contingencia.
Es entonces evidente que el desestimar algunos
factores de riesgo como el ambiental, con todas sus variables río, entorno
geológico, capa vegetal, lluvias, etc., desatendidos en el estricto
cumplimiento de la legislación que los rige, entramados en decisiones de tipo
técnico muy difíciles pues pertenecen al campo de los grandes retos de la
ingeniería, exige poner por encima de cualquier otro interés, la máxima responsabilidad,
de lo contrario se hace más tortuoso el control de la crisis.
Los alcances de una obra como Hidroituango,
son de una magnitud apenas ahora entendida por muchos colombianos a raíz de los
recientes percances. Por su parte, la responsabilidad de los concejales frente
a los ciudadanos que los llevaron a la corporación para representarlos en el
control político, que es su principal deber, escasamente había sido comprendido
antes de la llegada al Concejo de Medellín de María Paulina Aguinaga. Sus
denuncias, intervenciones en los debates y la objetividad de sus opiniones,
fundamentado todo en serios y juiciosos análisis e interpretaciones
particularmente financieras, su mayor fortaleza, la apartan del común de los
políticos.
(Publicada en El Reverbero de Juan Paz
el 24 de mayo de 2018)
