Es urgente expedir una ley estatutaria que regule los
derechos de los manifestantes y la actividad de la fuerza pública para
controlar situaciones que son sumamente complejas.
Así lo considera el historiador Álvaro Tirado Mejía, profesor
emérito de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien refiriéndose al
informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la
situación de Colombia, lo calificó de “acertado, serio y muy ajustado a la
realidad que se vive en el país, como la distribución inequitativa de la
riqueza y la falta de posibilidades”.
“Hay un problema social que no solo viene desde el gobierno
del presidente Iván Duque, y mostrarlo no es negativo ni agresivo, simplemente
es una realidad en la cual se trabaja y se han desarrollado varios debates”,
indicó el docente Tirado, en el programa radial Análisis UNAL.
Al retomar el informe de la CIDH precisó que este apoya los
derechos humanos y de esa forma hace un llamado de urgencia al Estado
colombiano para que implemente un mecanismo legal que prohíba el uso de la
fuerza local como recurso en las protestas.
“En Colombia la juventud seguirá con las manifestaciones
sociales porque hay conflictos e inconformidades por resolver. Es un país con
corrupción, en el que se violan los derechos de las mujeres, hombres y los
grupos étnicos”.
Así lo afirmó por su parte Marco Romero Silva, director de
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), profesor
del Departamento de Ciencia Política de la UNAL, magíster en Ideas Políticas y
la Comprensión del Mundo Contemporáneo, de la Université de Marne.
Mecanismos de
seguimiento
Por otra parte, la CIDH continuará monitoreando el desarrollo
de las protestas sociales, desde mecanismos de seguimientos sobre las
recomendaciones propuestas y además un reporte por las entidades del Estado y
la comunidad civil con las nuevas manifestaciones.
El docente Romero expresa que “Colombia estuvo en el capítulo
cuatro (es donde aparecen los Estados que tenían el peor récord de derechos
humanos de todas las Américas) de los informes anuales de la CIDH por varios
años”.
Hasta 2012, el expresidente Juan Manuel Santos logró que la
Comisión sacara a Colombia por la ley de víctimas y por los procesos que se
estaban avanzando en busca de caminos de paz.
El docente agrega que “los niveles de violación de derechos
humanos en el contexto de la protesta social son muy altos y graves y esto
mismo lo dijo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
“Lo importante, es que en el contexto de la paz y de la
profundización de la democracia en Colombia, se tiene que reformar esa matriz
histórica por un escenario en el cual las instituciones tienen que proteger la
movilización social y no oponerse a ella dejando de estigmatizar todos los
hechos vandálicos que incluso tratan de acabar los actos democráticos”.
Los docentes concluyen que “se debe buscar el espíritu de una
manifestación no violenta, sino democrática, que sea la convivencia y los
derechos humanos lo que prevalezca en las protestas por parte de la fuerza
pública y la comunidad civil”.
Además se recomienda fortalecer esos espacios de democracia
para que sirva como un camino en la solución de las problemáticas sociales,
como está establecido en la Constitución Política de 1991.
(Fuente:
UNIMEDIOS)
