Y mientras el país se desvela por la zozobra y la incertidumbre provocadas como respuesta del terrorismo a los intentos fallidos que claman todo cese infernal, se agudiza la infame insensatez de voceros afanados en el objetivo de sembrar aquel miedo que convierte a los ciudadanos buenos en seres vulnerables que se dejan llevar por tácticas maquiavélicas de sabedores como lo son los deseosos de poder, aprovechando las ventajas a su favor cuando hay caos o crisis. Si hasta las comunidades indígenas -supuestamente afines con las políticas del actual gobierno- proceden a sus reclamaciones sin los diálogos pertinentes, sino por el contrario, perjudicando el diario vivir necesario para la libre movilidad de los ciudadanos, acudiendo a modalidades que riñen con los derechos colectivos (el derecho a la protesta no se les limita, pero los derechos también tienen límites) ¡qué esperanzas! Entre tanto, y como para empeorar el cuadro aparece otra crisis; ésta, a escala “domestica”, está al interior de la Casa de Nariño. Cuando más se necesita plena armonía para impedir o sofocar crisis y desasosiegos -que hasta cierto punto pueden ser normales en la repartición de burocracia- cuando urge la eficiencia en un entorno de entendimiento y buenas relaciones colaborativas, el ambiente laboral se tiñe de conflictos inundados de quejas y reclamos. El presidente Gustavo Petro es muy confiado, muy permisivo, o delega demasiados asuntos que no deberían escapar de sus manos. Con razón entre sus funcionarios más cercanos no solamente hay desavenencias, sino que algunos han ido más allá, es vergonzoso el descubrírseles graves hechos de corrupción. No conocemos de ningún gobierno anterior, en el que trasciendan tantas reservas que deberían permanecer en el ámbito de la prudencia, atender y resolver. Desde cuando la señora Laura Sarabia allá en palacio, hasta hoy, el chismorreo va y viene, es comidilla mediática, y las carpetas marcadas con etiquetas que dicen “Documentos para denuncia en Fiscalía”, se mueven y comentan más que los informes de gestión gubernamental eficaces, que no son pocos, los también abundantes fracasos sumados en este gobierno; en ninguno otro tantas “devoluciones” que por una u otra razón, o simplemente por falta de voluntad política, encierran contenidos sumamente importantes, los mismos que ni siquiera son leídos y analizados con la responsabilidad debida.
Increíble cómo, en un país que ha soportado las violencias de toda naturaleza por más de siete décadas, que a diferencia de otros países con los que nos quieren comparar los “futurologos” negacionistas, aquellos y nosotros tenemos diferentes características, historia y problemas. Ahora tenemos que padecer y enfrentar los efectos gravísimos del narcotráfico enraizado y con fuertes tentáculos en organizaciones que antes eran guerrillas; ahora, al parecer, no tenemos guerrillas sino simplemente narcoguerrillas, además de grupos criminales en economías ilegales que desangran al país con actividades en las que participan sectores inimaginables. El Estado colombiano entonces, no es un aparato cohesionado que esté soportado en una estructura de fuertes convicciones con sentido del deber patriótico, no pasan de ser básicamente tres ramas del poder público reclamando por el respeto de su independencia, pero haciendo de lado la misión institucional de cada una con integridad incondicional, entendiendo que a la hora de contener los frentes que atacan la estabilidad de la Nación, no es criticando desde sentimientos de rencor, soberbia y egoísmo, como se consolidan fuerzas para la protección ciudadana.
En esta confusión y el caos consecuente, sus peores causantes fructifican. Si chocaran con una sociedad integrada por organismos, sectores y ciudadanos realmente conscientes del poder que entraña la unión de voluntades -reitero, independiente de idearios o propósitos individuales o colectivos sectarios que apuntan a otras ordenaciones de poder o régimen gubernamental- podríamos, tal vez, canalizar estrategias que enfrenten el poderío de las ilegalidades que nos golpean tan duramente.